A los efectos de la presente investigación, se considera como legislación sobre economía social y solidaria toda normativa legal que cumpla con las siguientes condiciones: origen parlamentario, alcance nacional, que trate de manera central sobre los asuntos referidos; y que recurra explícitamente a los términos economía social y/o solidaria. El análisis se enfocó en cuatro casos: Honduras, Colombia, Ecuador y México.